El gobierno venezolano empezó a cumplir su amenaza de
intervenir las empresas que cesen operaciones, al ordenar la ocupación
de la fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark
por sus empleados. Dos meses después de lanzar la advertencia
“planta parada, planta tomada por la clase obrera”, el presidente
Nicolás Maduro entregó este lunes a los trabajadores el control de la
factoría de Kimberly-Clark en la ciudad de Maracay (centro). La
compañía anunció el pasado sábado la suspensión de actividades alegando
un “deterioro de las condiciones económicas y de negocio” en el país
petrolero, sumido en una severa crisis que mantiene paralizada gran
parte de la industria. “Vamos a proceder a firmar la solicitud
que nos han hecho los trabajadores, donde planteamos (...) la ocupación
inmediata de la entidad de trabajo Kimberly-Clark de Venezuela”, dijo el
ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, en la planta.
Al suscribir el
documento, en medio de vítores de empleados, Vera dispuso igualmente el
encendido de las máquinas, según dijo por orden expresa de Maduro. “A
partir de hoy Kimberly-Clark vuelve a abrir sus puertas”, afirmó el
funcionario en un acto transmitido por la televisión gubernamental, y
reiteró la amenaza blandida por el mandatario socialista. “Bienvenido
el sector empresarial que quiera acompañar al gobierno, pero empresa
que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierta por los
trabajadores y el gobierno revolucionario”, sostuvo.
Gobierno debe velar por activos
Kimberly-Clark
justificó su decisión en la falta de divisas para adquirir materia
prima y el acelerado aumento de la inflación, de 180,9% en 2015 y
proyectada por el FMI en 720% para 2016. Según la multinacional, instalada en Venezuela desde hace más de dos décadas, ese cóctel hace “imposible operar”. “Si
el gobierno venezolano toma el control y las operaciones de
Kimberly-Clark, será responsable del bienestar de los trabajadores y de
los activos físicos, equipos y maquinaria de cara al futuro”, señaló
este lunes en un comunicado.
La fabricante de papel higiénico,
pañales y toallas sanitarias, entre otros productos, había dicho el
sábado que si las condiciones cambiaran evaluaría la viabilidad de
reanudar actividades. La ley laboral venezolana autoriza la
ocupación en caso de “cierre ilegal o fraudulento” de una empresa o de
“paro patronal”. Una junta especial, con participación de empleados y
dueños, administrará la corporación, indica la norma.
En
Venezuela rige desde 2003 un férreo control de cambios, en el que el
gobierno monopoliza las divisas. El acceso a éstas, por parte del sector
privado, se ha visto más restringido por la caída del precio del
petróleo, generador del 96% de los ingresos del país.
De acuerdo
con la patronal Fedecámaras -principal gremio empresarial venezolano-
más del 85% de la industria estaba paralizada en mayo pasado por falta
de materia prima. Además, el Estado fija el precio de muchos
alimentos y productos básicos, lo que según los empresarios ocasiona que
no se cubran los costos de producción, y también la escasez de un 80%
de los alimentos y las medicinas.
No solo Kimberly
Pero
Maduro sostiene que esas distorsiones son inducidas como parte de un
plan de desestabilización económica de sus adversarios, para derrocarlo. En este contexto, varias compañías internacionales han venido paralizando de forma temporal o indefinida sus operaciones. En
mayo pasado, debido a la falta de azúcar, Coca Cola suspendió gran
parte de su producción, reanudada en junio. Igualmente, los grupos
estadounidenses Kraft Heinz y Clorox detuvieron recientemente
actividades.
No solo transnacionales se han visto afectadas, pues
el principal fabricante de cerveza de Venezuela, Polar, frenó entre
abril y junio la producción de la bebida por falta de cebada. Polar
también es el mayor productor de alimentos del país, y fue el blanco de
la artillería verbal de Maduro al anunciar la ocupación de empresas
paralizadas durante el Día del Trabajador, el 1 de mayo.
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